Desde el 2022, se desata un complejo enfrentamiento legal que pone en alerta a JZ En todo el mundo, un coloso del capital riesgo estadounidense, gracias a las acciones de sus dos administradores en España y líderes de Gedesco Finance. Esta disputa se intensifica con una demanda presentada en Valencia contra cinco directivos y sus entidades personales, acusándoles de crear una composición societaria destinada a comprar el control en cerca de veinte compañías empleando inapropiadamente los elementos de Gedesco, de la que JZI tiene un 6733%,, sin su autorización.
Los implicados en la demanda son Miguel Rueda y Ole Groth, gestores europeos de JZI; Antonio Aynat, principal creador y CEO de Gedesco, junto a su entidad Venalta Capital; Javier García Escrivá, también fundador y gestor en Gedesco, y su patrimonial Ahthophilia Capital; y José Luis Villafranca, el responsable de las finanzas y contabilidad en Gedesco. Se les acusa de desviar cien millones de euros para invertir en, por lo menos, 19 compañías, cometiendo presuntos delitos que van desde la estafa hasta la falsedad contable.
El origen de estas tensiones se remonta a 2007 cuando JZI adquirió una participación mayoritaria en Gedesco. No obstante, el conflicto comienza a formarse en 2016, momento en el cual los fundadores de Gedesco exploran la venta de su participación en la compañía a JZI, sin llegar a concretar una negociación formal. Desde entonces, se manifiesta que se ha hecho un empleo indebido de los elementos de Gedesco para identificar y capitalizar ocasiones de inversión por medio de una estructura llamada 'Trama Stator', constituida por los cuatro directivos denunciados y operada a través de una red de 12 filiales.
Esta estructura pretendía ocultar la auténtica propiedad de obtener más información las inversiones, con figuras como Máximo Buch, exconseller de Economía de la Generalitat Valenciana, y su colega Ernesto Bernia, figurando como gestores nominales hasta que se desligan tras salir a la luz las irregularidades.
La detección de estas anomalías por la parte de JZI, que incluían operaciones financieras sospechosas y domicilios de sociedades coincidentes, desencadenó una serie de solicitudes judiciales en 2022, introduciendo una querella en Nueva York contra Rueda y Groth, seguida de varias acciones legales en contra del fondo, en un transcurso de menos de un par de meses.
Este ámbito legal prosigue desarrollándose, con recientes resoluciones judiciales como la suspensión de las declaraciones de los fundadores de JZI por falta de rastros delictivos, mientras se desvelan mucho más capas de un conflicto que resalta la dificultad de las operaciones financieras multinacionales y las discusiones entre inversores y administradores en el ámbito del capital riesgo..